Tercera de una serie de tres partes
Por John Riley. Publicado originalmente en 2003 en la revista Crime, Justice and America y reproducido aquí con permiso de la revista Crime, Justice and America.
El abogado Barry Scheck se convirtió en una figura nacional en 1995, cuando se unió al equipo de defensa del acusado de asesinato O.J. Simpson como experto en ADN, la huella genética que ha condenado -y exculpado- a miles de sospechosos en los últimos 20 años.
Scheck es conocido por sus litigios históricos que establecen normas para las aplicaciones forenses de la tecnología del ADN. Desde 1988, su trabajo y el de Peter Neufeld en este ámbito han marcado el curso de la jurisprudencia en todo el país y han dado lugar a un influyente estudio de la Academia Nacional de Ciencias sobre las pruebas forenses de ADN, así como a una importante legislación estatal y federal.
En 1992 Scheck y Neufeld crearon el Proyecto Inocencia en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo de Nueva York. Desde entonces, más de 100 condenados han sido exonerados de sus delitos basándose en pruebas de ADN.
El Proyecto se creó como una clínica jurídica sin ánimo de lucro, que sólo se ocupa de casos en los que las pruebas de ADN posteriores a la condena pueden aportar pruebas concluyentes de inocencia. Como clínica, los estudiantes se ocupan de los casos bajo la supervisión de un equipo de abogados y personal de la clínica.
La mayoría de los clientes de la organización son pobres, están olvidados y han agotado todas sus vías legales de reparación. La esperanza de todos ellos es que existan pruebas biológicas de sus casos y puedan someterse a pruebas de ADN. Todos los clientes de Innocence Project pasan por un exhaustivo proceso de selección para determinar si las pruebas de ADN podrían demostrar su inocencia. Miles de ellos esperan actualmente la evaluación de sus casos por miembros del personal del Proyecto.
Las pruebas de ADN han sido un factor importante en el cambio del sistema de justicia penal.
"El Proyecto ha aportado pruebas científicas de que el sistema judicial estadounidense puede condenar a personas inocentes, y de que las condenas erróneas no son hechos aislados ni raros", ha declarado Scheck ante el Congreso durante varias comparecencias.
Como precursores en el campo de las condenas erróneas, el Proyecto Inocencia ha crecido hasta convertirse en mucho más que el "tribunal de última instancia" para los reclusos que han agotado sus recursos y sus medios. La organización está ayudando ahora a organizar "The Innocence Network", un grupo de facultades de derecho, escuelas de periodismo y oficinas de abogados de oficio de todo el país que ayuda a los reclusos que intentan demostrar su inocencia, tanto si los casos implican pruebas biológicas que puedan someterse a pruebas de ADN como si no.
El Proyecto Inocencia consulta a legisladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel estatal, local y federal, lleva a cabo investigaciones y actividades de formación, concede becas y propone una amplia gama de soluciones para evitar condenas injustas, al tiempo que sigue trabajando para liberar a reclusos inocentes mediante el uso de pruebas de ADN posteriores a la condena.
En un artículo de Scheck, "DNA Analysis: Helping to Right Wrongs", Scheck se centra en la conservación adecuada de las pruebas y en el uso más común de procedimientos de laboratorio adecuados cuando las pruebas de ADN puedan ser útiles en un caso.
Entre otras muchas cosas, Scheck señala que el uso por parte del FBI de pruebas de ADN en muchos casos de agresión sexual ha demostrado que la identificación de testigos presenciales/víctimas es escandalosamente poco fiable: "Las estadísticas del FBI indican que puede haber miles de personas en la cárcel que no deberían estar allí, algunas de las cuales podremos ayudar con esta técnica si se encuentran las pruebas y encontramos la forma de hacerlo", dijo Scheck.
Centrándose aún más en los casos de pena de muerte, Scheck afirma: "Todos los que hemos participado en el examen de casos de pena de muerte en apelación, en el contexto de mociones posteriores a la condena, estamos hartos de ver transcripciones en las que los abogados recibían $5.000 para ellos y todos los peritos, para defender un caso que tardaba tres o cuatro días en juzgarse, y que acababa con alguien condenado a muerte.
"Es extremadamente molesto y frustrante cuando por fin se ve ese caso en una impugnación posterior a la condena, con muy pocos recursos para volver atrás e investigar, para llegar realmente a la cuestión de la culpabilidad o la inocencia. No puede sorprender a nadie que con este sistema basado en el dinero y la raza, se condene todo el tiempo a personas inocentes y se las condene a muerte."
En junio, Scheck testificó ante el Congreso sobre las pruebas de ADN.
"Ahora hay 108 estadounidenses que han sido exonerados por pruebas de ADN posteriores a la condena", dijo Scheck. "Trece de los exonerados habían sido condenados a muerte en algún momento. Treinta y dos de los exonerados fueron condenados por asesinato, y muchos de ellos se habrían enfrentado casi con toda seguridad a la ejecución si la pena de muerte hubiera estado disponible en las jurisdicciones en las que fueron juzgados".
El ritmo de las exoneraciones por ADN posteriores a la condena se ha acelerado porque los Estados han empezado a aprobar leyes que permiten a quienes alegan inocencia obtener su libertad, y 35 facultades de Derecho han puesto en marcha una red de "proyectos de inocencia" con presupuestos muy reducidos para evitar, en la medida de lo posible, que estas leyes de ADN se conviertan en mandatos sin financiación ni realización", explicó Scheck.
"No cabe duda de que el número de condenados injustamente liberados gracias a las pruebas de ADN aumentaría de forma espectacular si este Congreso aprobara la legislación sobre ADN posterior a la condena -el número de exoneraciones se duplicaría como mínimo en un plazo de cinco años-, al igual que proliferaría de forma impresionante la detención de los verdaderos autores de estos delitos gracias a los 'aciertos' de los bancos de datos de ADN", predijo Scheck.
"Se trata de una propuesta en la que todos salen ganando: las fuerzas del orden, los inocentes que se pudren en las cárceles y corredores de la muerte de Estados Unidos, las víctimas de delitos, las familias de todos los implicados y cualquiera que ame la justicia...
"Las pruebas de ADN no son una panacea para lo que aqueja a la administración de la pena de muerte en Estados Unidos o al resto del sistema de justicia penal. La gran mayoría (probablemente el 80 por ciento) de los casos de delitos graves no implican pruebas biológicas que puedan someterse a pruebas de ADN. La tecnología del ADN no sustituye a un abogado competente, y nada garantiza más la condena de un inocente que un abogado defensor incompetente, mal formado o ineficaz. Por eso son tan importantes las disposiciones relativas a los abogados de la legislación que tienen ante ustedes", instó Scheck al Congreso.
"Pero sería un terrible error pasar por alto la importancia única de estos casos de exoneración por ADN posteriores a la condena. Han creado un gran 'momento de aprendizaje' en la historia de nuestro sistema de justicia penal y seguramente constituyen el conjunto de datos más notable e instructivo que los investigadores de la justicia penal hayan poseído jamás. "Nos permite identificar como nunca antes las causas de las condenas erróneas y sus remedios por el bien de todo el sistema ...
Citando los retrasos en el sistema de justicia penal, Scheck instó a actuar: "estamos en una carrera contrarreloj y cada día cuenta". En el 75 por ciento de los casos en los que el Proyecto Inocencia ha determinado que una prueba de ADN sobre algún elemento de prueba biológica sería determinante de la culpabilidad o la inocencia, se informa de que las pruebas se pierden o se destruyen, y sin leyes específicas que lo impidan, se están tirando a la basura, consciente o inconscientemente, valiosas pruebas de ADN todos los días."
"A medida que estos casos posteriores a la condena envejecen, incluso cuando se encuentran las pruebas, aumenta la probabilidad de que la degradación bacteriana haga imposible el éxito de las pruebas".Peter Neufeld, colega de Scheck en el Proyecto Inocencia, también testificó ante el Congreso recientemente, hablando ante el Subcomité de Delincuencia, terrorismo y Seguridad Nacional sobre la "Ley del Proyecto Inocencia de 2001".
"El ritmo de las exoneraciones por ADN posteriores a la condena se ha acelerado porque los Estados han empezado a aprobar leyes que permiten a quienes alegan inocencia una oportunidad de obtener su libertad", declaró Neufeld. "En 1993 hubo tres exoneraciones por ADN. En 2000 hubo 16, y sólo el año pasado - hubo 27 exoneraciones de ADN posteriores a la condena."
El senador Patrick Leahy, que forma parte de la Comisión Judicial del Senado, fue el principal promotor de la Ley de Inocencia, que ahora estudia el Congreso.
En una rueda de prensa celebrada el verano pasado, Leahy declaró: "Hoy damos un paso más en nuestro esfuerzo de un año para abordar los problemas de la administración de la pena de muerte. Nuestra coalición es fuerte, es bipartidista y está creciendo".
"Hoy, 133 de nosotros -republicanos y demócratas, partidarios y detractores de la pena de muerte, miembros de la Cámara y miembros del Senado- nos unimos para presentar la Ley de Protección de la Inocencia."
"En sólo un año hemos dado un vuelco al demostrar que el proceso de la pena de muerte está roto. Ahora impulsaremos nuestro objetivo de emprender reformas que aborden estos problemas."
"En el último año también hemos demostrado que esto no es un "problema de Illinois" o un "problema de Texas" ... Hay problemas de pena de muerte en todo el país, y como nación tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo."
"Hace un año señalamos el sorprendente número de casos -85- en los que condenados a muerte habían sido exonerados tras largas estancias en prisión. En algunos de esos casos el recluso había estado a pocos días de ser ejecutado. Un solo año después, el número de exoneraciones se ha disparado a 95, en 22 estados: personas que han sido absueltas de los delitos que las enviaron al corredor de la muerte."
"No es raro en estos días, como lo hubiera sido hace un año, coger un periódico y leer sobre otra condena injusta. Nunca debemos olvidar que detrás de cada uno de esos titulares hay una persona cuya vida quedó completamente destrozada y casi extinguida por una condena injusta. Y esos fueron los "afortunados". Simplemente no sabemos cuántas personas inocentes permanecen en el corredor de la muerte, y cuántas pueden haber sido ya ejecutadas.
"Ahora el debate nacional está muy avanzado... pero la necesidad de reformas reales y concretas es más urgente que nunca".
"Creemos que la lucha contra las condenas y ejecuciones injustas debe ser una prioridad del Congreso y de la Administración. No deberíamos posponerlo un año más. ¿Por qué?
"Porque un año puede no parecer mucho tiempo en el Capitolio, pero es una eternidad para alguien sentado, injustamente condenado, en una celda del corredor de la muerte". "Porque por cada persona condenada injustamente en el corredor de la muerte hay un verdadero asesino en algún otro lugar. Porque los errores en la pena de muerte socavan la fe en nuestro sistema de justicia".
"Me complace que nuestro proyecto de ley haya servido de catalizador para reformas en los estados, en lo que se refiere a las pruebas de ADN posteriores a la condena. En sólo un año, varios estados han aprobado algún tipo de legislación sobre el ADN. Otros están estudiando proyectos de ley sobre el ADN. Gran parte de esta legislación sigue el modelo de las disposiciones sobre ADN propuestas en la Ley de Protección de la Inocencia, y podemos estar orgullosos de ello. Pero el ADN no es una bala de plata".
"En muchos casos no se dispone de muestras de ADN. Aun así, el ADN es la huella digital del siglo XXI. Si existen pruebas de ADN que puedan ayudar a determinar la culpabilidad o la inocencia, deben estar disponibles para su análisis. Sin embargo, muchos estados aún no han tomado cartas en el asunto, a pesar de que han pasado más de seis años desde que Nueva York aprobó la primera ley sobre ADN posterior a la condena. Y algunos de los estados que han actuado lo han hecho de un modo que dejará a la gran mayoría de los presos sin acceso a las pruebas de ADN. Además, ninguna de estas nuevas leyes aborda el problema mayor y más urgente de garantizar que las personas que se enfrentan a la pena de muerte tengan una representación legal adecuada. La Ley de Protección de la Inocencia también aborda este problema".
"Hemos consultado ampliamente a expertos y profesionales del Derecho para formular estas reformas. Todos nos han aportado valiosas ideas, y en el proceso hemos perfeccionado el proyecto de ley. Bill Delahunt y yo somos antiguos fiscales, y nos ha complacido especialmente el aliento y la ayuda que hemos recibido de fiscales de todo el país."
"Los buenos fiscales tienen dos cosas en común. En primer lugar, quieren condenar a la persona correcta. En segundo lugar, quieren que los acusados estén representados por buenos abogados defensores. Abogados que investiguen a fondo los casos de sus clientes antes del juicio y que los representen enérgicamente ante el tribunal. Nuestro sistema acusatorio cuenta con que así sea. Lo último que quiere un fiscal es tener que volver a juzgar un caso años después, porque el abogado del acusado cometió errores clave. ¿Se imaginan el calvario al que se enfrentaría la nación si tuviéramos que volver a juzgar el caso del atentado de Oklahoma City?".
"En algunas partes del país a menudo es mejor ser rico y culpable que pobre e inocente. Con demasiada frecuencia, los abogados que defienden a personas cuya vida está en juego son inexpertos, ineptos o simplemente incompetentes."
"Si el Congreso ofrece algo de liderazgo con normas justas y objetivas y algo de financiación, los fiscales de Estados Unidos estarán listos, dispuestos y capacitados para ayudar a arreglar el sistema. Les debemos a ellos, y al pueblo estadounidense, ese liderazgo".
"El objetivo de nuestro proyecto de ley es simple, pero profundamente importante: queremos reducir el riesgo de ejecuciones erróneas".
Los fundadores de Innocence Project señalan que en la última década se ha producido un cambio importante en la legislación penal, en gran parte debido al fenómeno de las exoneraciones por ADN y a la liberación de inocentes del corredor de la muerte.
La Ley de Protección de la Inocencia (IPA) establece las directrices que deben seguir los tribunales cuando se ha ordenado una prueba de ADN y establece los procedimientos posteriores a la prueba. La IPA establece disposiciones para la conservación de las pruebas, el pago de las pruebas
y castigo por la alteración o destrucción ilícitas de pruebas.
Otras disposiciones importantes de la ley, aprobada el 18 de julio de 2002, son: la aplicación de nuevas y mejores normas de representación en los casos de pena capital, el aumento de la financiación de los programas federales de defensa en casos de pena capital y de pruebas de ADN de la fiscalía y las directrices de compensación para los casos de pena capital estatales (incluida la retención de fondos federales a los estados que no cumplan las normas establecidas).
Se han depositado muchas esperanzas en el ADN, pero una revisión del sistema nacional de ADN realizada por USA Today en octubre concluyó que el sistema de huellas genéticas no estaba a la altura de su potencial.
Según el artículo, aparecido el 7 de octubre:
Las pruebas de decenas de miles de violaciones y homicidios sin resolver durante los últimos años no han sido sometidas a pruebas de ADN, por lo que no se reflejan en la base de datos nacional del FBI. Los laboratorios de criminalística estatales y locales afirman estar desbordados por los casos actuales, pero han tardado en solicitar nuevas subvenciones federales destinadas a reducir el retraso.
La eficacia del sistema de resolución de delitos por ADN varía de un estado a otro. Los delincuentes de algunos estados tienen muchas más probabilidades de ser detenidos gracias a las pruebas de ADN que los de otros estados.
Los esfuerzos federales para ayudar a los estados y ciudades a pagar las pruebas de ADN han animado a los estados a perseguir a los violadores pero no a los asesinos. Las pruebas en casos de homicidio pueden ser mucho más complejas y costosas: $10.000 o más frente a los $500 de una prueba en un caso típico de violación. Los críticos afirman que las subvenciones federales para pruebas de ADN empujan a los estados a analizar primero las pruebas de violaciones no resueltas.
Las coincidencias de ADN han proporcionado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todo el país las identidades de los sospechosos en miles de casos sin resolver. Pero los funcionarios estatales y federales no tienen ni idea de cuántas de esas coincidencias han dado lugar a condenas, lo que hace imposible evaluar el verdadero impacto del ADN. No existe un sistema de seguimiento policial de las coincidencias obtenidas.
Según USA TODAY, algunos estados, como Virginia, Florida, Nueva York e Illinois, son más concienzudos con sus bases de datos de ADN que otros: desde 1992, han obtenido el 56% de las más de 5.000 coincidencias de ADN de las bases de datos nacionales.
Y por último, aunque estemos en el siglo XXI, en algunos estados que no se han comprometido a crear una base de datos de ADN, la resolución de delitos mediante pruebas de ADN es poco frecuente, por no hablar de la exoneración de inocentes.
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